Es un proceso que evalúa si la organización cumple con las leyes de protección de datos, detecta posibles desviaciones y propone mejoras para garantizar el cumplimiento legal.
Las organizaciones que gestionan datos personales de manera constante deberían realizarla al menos cada dos años, o siempre que se produzcan cambios significativos en los procesos o en la normativa.
Los usuarios pueden solicitar acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento y portabilidad de sus datos, dentro de los plazos legales establecidos.
Es un análisis previo que identifica y evalúa los riesgos para la privacidad en proyectos o tratamientos de datos que pueden afectar los derechos de las personas.
Porque mantienen a la organización actualizada, mejoran la preparación ante inspecciones y refuerzan la cultura de privacidad y seguridad entre todo el personal.
Hay que detectarlas y responder con rapidez, analizar sus causas, comunicarlas a las autoridades competentes y aplicar medidas correctivas para reducir riesgos futuros.
Es necesario implementar textos legales, gestionar correctamente el consentimiento de cookies y verificar la seguridad de los formularios y proveedores de servicios.
El DPD externo asesora, supervisa el cumplimiento del RGPD y actúa como punto de contacto con autoridades y usuarios. Es especialmente útil para PYMEs o entidades sin recursos internos.
Es una normativa española que establece los requisitos mínimos de seguridad que deben cumplir las administraciones públicas y las empresas que colaboran con ellas para proteger la información.
Permite establecer un sistema de gestión de seguridad de la información reconocido internacionalmente, mejorar la protección de datos y demostrar el compromiso con la seguridad ante clientes y socios.
